Llegado el momento de hacer un balance sobre como nos fue el año anterior, -ejercicio que hasta el más sencillo de los mortales practica cada inicio de año-, no podemos resistirnos a hacer el nuestro, no tanto desde el punto de vista personal –que debo reconocer fue muy bueno-, sino desde la propia mirada de quien es jugador de primera línea en el sistema de educación superior, y particularmente, desde la educación técnica y tecnológica pública. Y es aquí donde comienzan a revelarse las remembranzas de lo que pudo haber sido y no fue.

UNA MERA EXPECTATIVA

Por ejemplo, alrededor de la propuesta de crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria se generó una gran expectativa ante el anuncio oficial de que su diseño, formulación e implementación seria realidad antes de finalizar el 2015. Ante lo que sin duda es una muy buena iniciativa,-me refiero a aquella de someter a discusión con los principales actores del sector educativo el modelo impulsado principalmente por la señora Viceministra de Educación Superior-, se tradujo en corto tiempo en tan solo una expectativa más, determinada principalmente por la carencia de método en el diagnóstico y análisis que habría permitido, desde un comienzo, abordar una discusión abierta y plana, sin jerarquías, por niveles y grupos de interés y con el apoyo de expertos en el trabajo en equipo, con disposición natural a la escucha del otro y aceptar las interpelaciones de la institucionalidad académica del país. Aún no es tarde para remediar tales deficiencias y retomar de inmediato la construcción colectiva del referente para Colombia, mejor aún si le concedemos al diálogo constructivo la importancia que se merece en relación con los tiempos, los recursos y el acompañamiento técnico de calidad que facilite la adopción de decisiones de común acuerdo.

SOMBRÍO PANORAMA

Me pregunto donde quedaron archivadas las políticas de fomento a la educación superior, en particular aquellas orientadas a la formación técnica y tecnológica que anteriores administraciones impulsaron en su momento? Echo de menos las relacionadas con los programas de internacionalización, y principalmente me duele la ausencia de un plan sectorial para las TyT. Y como colofón de esta tragedia, expreso mi mayor preocupación por el gradual desmantelamiento de que ha sido víctima el grupo de TyT en el MEN, en momentos en que más se requiere que un buen número de profesionales, funcionarios de planta y contratistas lo conformen brindando así la seguridad de una mejor atención y acompañamiento a las instituciones.

LO QUE VA DE LA PREVENCIÓN A LA INTIMIDACIÓN(a propósito de la ley 1740)

Nos preguntábamos recientemente en un panel de asociaciones educativas organizado por el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, sobre donde quedó consignada la acción del Estado cuando se desató la crisis hace varios años en universidades como la Antonio Nariño, la Autónoma del Caribe y tantas otras hasta desembocar en la San Martín. Sin duda se advierte un gran rezago en la acción oportuna del Estado para prevenir tales hechos. En el caso de las universidades intervenidas y sancionadas era recurrente la ligereza de sus administradores en la aplicación de los postulados misionales, la violación de los preceptos éticos en el gobierno y la administración, la injerencia del nepotismo y otras deformaciones en la dirección de las instituciones que dio lugar a la crisis que aún hoy afecta al conjunto del sistema de educación superior. ¡Bienvenida la hora de poner la casa en orden! Sin embargo me permito discrepar sobre el manejo de la crisis; si bien son necesarias las medidas de carácter impositivo, quizás un tanto arbitrarias pero igual surgidas al amparo del orden legal, se descartó de un tajo la posibilidad de ahondar en las raíces del mal, y en explorar simultáneamente, las condiciones viables que habrían permitido hallar soluciones de fondo como resultado del compromiso asumido por la comunidad educativa en asocio del gobierno. Quedó en evidencia la incapacidad del Estado para detener la ola de irregularidades y de anticiparse a los acontecimientos que ya se veían venir de tiempo atrás. La puerta de salida elegida de promulgar una ley con nombre propio no hizo otra cosa más que ratificar tal condición. ¿Dónde están consagrados en la Ley el derecho a la defensa de las instituciones y sus directivos antes de la promulgación de las sanciones o de la entrada en vigencia de las facultades de la vigilancia especial? El envío de delegados especiales ante los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando se considere necesario, minimiza y relega el rol de los delegados del presidente y del ministro ante los consejos directivos. La facultad de que están investidos estos delegados especiales de interrogar bajo juramento al más desprevenido de los ciudadanos, no es acaso solo atribuible a los órganos de justicia? ¿En cuáles aspectos la ley 1740 vulnera la autonomía universitaria? Estos y otros interrogantes fueron planteados en dicho panel. Allí mismo me permití señalar la importancia de tener presente que las instituciones estatales de educación superior rinden cuentas, por mandato legal, a través de auditorías internas y externas, de oficinas de control interno y disciplinario, a la Contraloría General de la República, en algunos casos a las Contralorías Departamentales y Distritales y a la Procuraduría General de la Nación. Así́ mismo, cuentan con la participación profesoral y estudiantil en los organismos de dirección, y comprometidas con la responsabilidad social y procesos de transparencia al entregar cuentas periódica y públicamente ante las comunidades académicas y la sociedad en general.

Antes de finalizar quiero registrar un incidente ocurrido durante el último mes del año anterior en institución afiliada a la REDTTU, donde un grupo de 9 personas entre funcionarios del MEN y contratistas, toman prácticamente por asalto la institución sin el menor asomo de cortesía y respeto por sus directivas, docentes y estudiantes, perturbando el normal desarrollo de la actividad académica y generando zozobra entre la comunidad. Hechos como este deben ser repudiados públicamente y exhortamos a sus responsables a aplicar el compromiso de no repetición.

Firmado,

 

Felipe Ortiz
Director Ejecutivo